Por Oscar Müller Creel en colaboración con el “Colegio San Felipe el Real de Doctores en Derecho” de Chihuahua, México.

Enclavado en las montañas alpinas de Europa, se encuentra Suiza que está considerado como uno de los cinco países más ricos del mundo, tiene cerca de 9 millones de habitantes, de los cuales solo medio millones de ellos considerados iletrados, pues, aunque sepan leer y escribir, lo hacen poco. Este País tiene un sistema en el que los ciudadanos directamente votan para las reformas a su constitución y pueden pronunciarse sobre las decisiones del parlamento, esto principalmente a través de los derechos de refrendum e iniciativa, lo que permite crear una población con una conciencia política muy alta.

Un sistema de control a la constitución y leyes muy distinto al de México que como vimos en mi pasada intervención, se realiza a través de los Tribunales Federales.

La iniciativa de reforma a la Constitución Mexicana en materia de administración de justicia, pretende basar su propuesta en el Sistema Suizo que elige popularmente a ciertos jueces, pero la realidad existente en ese país europeo y el nuestro es abismal, tanto desde el control de las votaciones en una nación de 8 millones, frente a la otra que somo mas de 120 millones de habitantes y nuestra cultura democrática, tenemos que admitirlo, no tiene ni tres décadas de existencia, contrario a la Suiza que lleva cerca de siglo y medio.

El otro ejemplo en que se pretende sustentar la reforma constitucional propuesta es Bolivia, por lo que es conveniente analizar que ha sucedido en ese país con las elecciones de jueces para que pudiéramos considerarlo digno de imitar.

En Bolivia se reformó la Constitución en 2009 y fue tan solo por lo que se refiere a tres de los tribunales más altos de ese país y al órgano de control judicial y solo inició el sistema hasta tres años después, tiempo que se tardó en organizar todo. En México la propuesta se pretende aplicar en un año y sobre todo el sistema judicial del país, iniciando por el federal para pasar a los de los Estados, en lo que creo es una invasión de facultades.

En Bolivia el Sistema de elección popular de jueces no ha dado resultados: no ha democratizado y menos legitimado a través del voto popular la función de los jueces.

El organismo no gubernamental Organización para el Debido Proceso, que sobre la base de consolidar el Estado de Derecho a través de jueces  independientes, transparentes, accesibles y conscientes del rol que tienen en el fortalecimiento de la democracia, ha presentado un reporte sobre lo sucedido en Bolivia con los jueces electos popularmente, denominado “Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?” que demuestra que la pretensión democratizadora de los jueces, ha fracasado tanto en su afán de legitimar la justicia como de eliminar los malos hábitos que permean en el Poder Judicial.

Se analizan las dos elecciones de jueces que se han dado en ese país en 2011 y 2017, este año debió haberse dado otra, pero la falta de consensos dentro del Congreso Boliviano la ha postergado; la experiencia de la primera elección dio como resultado una baja calidad en los juzgadores por lo que para la elección de 2017 se hicieron algunas reforma como la intervención de las universidades para la preselección de los candidatos, la difusión de las cualidades de estos e intervención de la Sociedad Civil en el proceso.

El reporte nos indica que la selección de los candidatos se presentó el señalamiento de los grupos de poder (dedazo), un 73% de los seleccionados habían ocupado puestos en la administración del presidente de Izquierda Evo Morales

En cuanto a las universidades de Bolivia, estás debieran intervenir para determinar las cualidades de los aspirantes a juzgador y elaborar una batería de 360 preguntas de las que el congreso seleccionarían 60 para aplicarlas como examen de conocimientos. Sin embargo, muchas Universidades rechazaron la intervención considerando que su intervención no tenía realmente el propósito de mejorar el sistema de selección sino una pretensión de legitimar este. A la postre la selección de preguntas fue sin método y a capricho de los legisladores y su aplicación fue peor pues no se logró una efectiva evaluación que permitiese escoger a los más capacitados.

Los legisladores que tenían la mayoría votaron en bloque para elegir a quienes serían propuestos en las urnas para la elección de jueces, por lo que el proceso se politizó y fueron seleccionados candidatos al puesto personas con ligas en el gobierno y los grupos políticos del poder. Muchos de los postulantes que habían obtenido altas calificaciones en la evaluación inicial no fueron propuestos y,  por el contrario, algunos elegidos por los legisladores que los entrevistaron, habían obtenido pésimas cartas al ser examinados tanto en conocimientos como en su persona.

Por lo que toca a las elecciones de los jueces por parte del pueblo boliviano, tanto en las de 2011 como en la de 2017, el rechazo a ese sistema se presentó en las urnas con votos en blanco o nulos que superaban el 50% de las votaciones. Este rechazo en el voto, al decir de los políticos en el poder y los medios que les favorecían, fue promovido por la oposición. Sea o no cierta esta afirmación, la realidad es que el sistema de elección de jueces se vio totalmente politizado y manejado por los grupos en el poder y quienes se lo disputan.

La sociedad civil representada por 37 organizaciones, presentó sus observaciones entre las que destacan el que: se debe atender al criterio de méritos, pero se señaló que los mecanismos de evaluación y calificación no permitieron su verificación, impidiendo garantizar la idoneidad y excelencia de quienes concursaban; la calificación obtenida en la evaluación curricular no fue un motivo para eliminar al postulante en la siguiente etapa y el bajo nivel de puntaje exigido para pasar a la entrevista (565%) y en el tiempo escaso reservado para esta; el desarrollo del proceso no fue accesible al público.

Las elecciones que debieron realizarse a principio de este año no se han podido hacer por falta de acuerdos entre los grupos políticos que conforman el parlamento. la experiencia boliviana ha demostrado que lo único que se ha logrado es politizar la selección de jueces y hacer de los tribunales un botín de los políticos.

Los viejos problemas de influyentísimo y corrupción que antes aquejaban al Sistema de Justicia, continúan.

Encontramos entonces que los ejemplos de los sistemas Suizo y Boliviano, que pretenden sustentar la exposición de motivos en México, no son realmente un buen ejemplo para seguir, ya sea por la cultura y sistema judiciales o por el fracaso que ha sucedido en el país latinoamericano.